El ex coronel, Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico) presentó hoy un recurso de inconstitucionalidad en contra de la interceptación telefónica de que fue objeto, donde se le vincula en la participación de una supuesta trama en contra del Gobierno de Haití.
La instancia fue presentada por ante la secretaría general de la Suprema, por los doctores Julio Cury, Manuel Sierra, y Rafael Linares.
En el documento Pepe Goico pide al tribunal que reconozca que se ha lesionado el derecho a la intimidad y su honor personal, al darse a conocer la grabación donde supuestamente conversa con un empresario haitiano, donde hablan sobre la alegada trama para desestabilizar el Gobierno de Michel Martelly, y que en consecuencia se declare nulo el acto de alguacil instrumentado por el ministerial Ángel Lima Guzmán, el 19 de abril pasado, que lo cita a comparecer hoy por ante el despacho de la fiscal del Distrito Nacional para ser interrogado.
Pide al Tribunal Constitucional (TC), además, acordar a su favor una indemnización para ser pagada por los responsables de la divulgación de la grabación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución de la República.
En una instancia de 17 páginas, Pepe Goico a través de sus abogados, pide al TC que se fije la indemnización en atención a la circunstancias del caso, y a la gravedad de la lesión producida, tomando en cuenta la difusión o audiencia de la grabación en cinco millones de pesos.
Cury sostiene que en virtud del principio de la legalidad de las pruebas la cita a Goico es improcedente. Enfatizó en que solo los medios probatorios adquiridos con estricto apego a las prerrogativas constitucionales pueden servir de fundamento para cualquier investigación o decisión judicial.
El asesor jurídico del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, dijo que como a Goico le violaron sus derechos fundamentales, como la privacidad, porque la conversación telefónica que sostuvo en privado con Pierre Kanzki, conforme al artículo 44, es ilegal, y por consiguiente debe ser declarada inconstitucional.
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